En todos
los países de la región, sin excepción, la situación fiscal se ha deteriorado y
el nivel de endeudamiento de los gobiernos en general ha aumentado, lo que
convertirá a América Latina y el Caribe en la región más endeudada del mundo en
desarrollo. Entre las medidas para afrontar ese problema, la ONU propone una
reestructuración de la deuda soberana y la creación de una agencia multilateral
de calificación crediticia.
La pandemia
del COVID-19 ha magnificado las brechas estructurales de los países de América
Latina y El Caribe, ha ampliado sus necesidades financieras para afrontar la
emergencia y ha generado un aumento de los niveles de endeudamiento, aseguró
este jueves la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Todo ello,
ha puesto en peligro la recuperación y la capacidad de esos países para una
reconstrucción sostenible y con igualdad.
Original en news.un.org.
Durante una
reunión virtual con los países de América Latina y el Caribe, la secretaria
ejecutiva del organismo de las Naciones Unidas, Alicia Bárcena, presentó el
Informe especial COVID-19 N⁰ 10, titulado Financiamiento para el desarrollo enla era de la pandemia de COVID-19 y después: Prioridades de América Latina y elCaribe en la agenda de políticas mundial en materia de financiamiento para el
desarrollo.
El informe
propone cinco medidas políticas para afrontar los retos que plantea la agenda
de financiamiento para el desarrollo a corto, mediano y largo plazo, y pone
énfasis en iniciativas que se podrían emprender para construir un futuro mejor.
“En todos
los países de la región, sin excepción, la situación fiscal se ha deteriorado y
el nivel de endeudamiento del gobierno general ha aumentado, y se espera que
dicho endeudamiento se incremente del 68,9% al 79,3% del PIB entre 2019 y 2020
a nivel regional, lo que convierte a América Latina y el Caribe en la región
más endeudada del mundo en desarrollo y la que tiene el mayor servicio de deuda
externa en relación con las exportaciones de bienes y servicios (57%)”, afirmó
Alicia Bárcena durante la presentación del documento.
Bárcena
añadió que la brecha de financiamiento del sector público se agrava por la
necesidad de apoyar la balanza de pagos, sobre todo en las economías más
pequeñas de la región, debido a las interrupciones de la cadena de suministro y
a la disminución de las exportaciones, en particular de la exportación de
servicios (turismo). De 2019 a 2020, el déficit en cuenta corriente pasó del
1,4% al 4,5% del PIB en el istmo centroamericano y del 4,8% al 17,2% del PIB en
el Caribe. Además, en la región habrá una importante caída de la inversión
extranjera directa que será de entre el 45% y el 55%, aproximadamente, en el
mismo período.
El informe
indica que las necesidades globales de financiamiento de los países en
desarrollo ascienden a 2,5 billones, lo que supera la capacidad de préstamo del
Fondo Monetario Internacional (FMI). ElFMI ha puesto a disposición de 21 países
de América Latina y el Caribe la mayor parte de sus préstamos de emergencia
relacionados con el COVID-19.
En enero de
2021, dicha institución había destinado unos 66.500 millones de dólares a la
región, lo que representaba un 63% del desembolso total (106.000 millones de
dólares) para unas 85 economías en desarrollo.
Los más
vulnerables no son beneficiados
Los datos
disponibles de los países de América Latina y el Caribe señalan que el
financiamiento que el Fondo otorgó en el marco de sus programas Instrumento de
Financiamiento Rápido y el Servicio de Crédito Rápido solo cubrió el 32,3% y el
23,1% en promedio, respectivamente, de las necesidades de financiamiento
internas y externas que los países tenían en 2020. Esto equivalía al 0,8% y al
2,1% del PIB, y al 6,5% y al 8,0% de las reservas internacionales,
respectivamente.
Sin
embargo, estos instrumentos financieros no benefician a todos los países por
igual. Los que tienen sólidos fundamentos económicos, como Chile, Colombia y el
Perú, pueden acceder al financiamiento sin límites de cuota. No obstante, esta
no es una opción que esté disponible para la mayoría de los países, en
particular para los pequeños estados insulares del Caribe.
El informe
afirma que, en el contexto actual de la pandemia, la agenda de financiamiento
para el desarrollo plantea dos retos interrelacionados. A corto plazo, se debe
favorecer la expansión del gasto público y prestar una atención especial a los
grupos vulnerables, en particular a los segmentos de ingresos bajos y a las
personas mayores. Además, las políticas de financiamiento para el desarrollo a
corto plazo también son necesarias para compensar los efectos perjudiciales que
las políticas de contención -basadas en el distanciamiento físico y el
aislamiento voluntario- tienen sobre la actividad económica, el tejido y la
estructura productiva, y el empleo.
Esto supone
sostener el consumo de las personas y las familias, para lo que es necesario
adoptar medidas excepcionales transitorias de mantenimiento del ingreso, como
una renta básica temporal garantizada por el Estado.
A mediano y
largo plazo, a medida que la prioridad de las políticas pase a ser construir un
futuro mejor en lugar de hacer frente a la urgencia, el programa de
financiamiento para el desarrollo debe promover una orientación de política
anticíclica que tenga por objeto aumentar el empleo y mantener un crecimiento
adecuado.
En este
contexto, la ampliación de los gastos públicos de capital y los desembolsos
destinados a la transformación productiva y la ecologización de la economía son
fundamentales para impulsar la labor de recuperación.
El informe
Prioridades de América Latina y el Caribe en la agenda de políticas mundial enmateria de financiamiento para el desarrollo propone cinco medidas de política
para afrontar ambos retos.
Medidas
para los retos financieros
• Una
primera medida de política consiste en la ampliación y redistribución de la
liquidez desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo a través
de una emisión masiva de Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario
Internacional. Una emisión y asignación hipotética de 500.000 millones,
representaría 56.000 millones de dólares de reservas internacionales
adicionales para las economías de América Latina y el Caribe. La redistribución
de la liquidez también puede llevarse a cabo a través de fondos multilaterales,
como el Fondo para Aliviar la Economía COVID-19 (FACE) propuesto por el
Gobierno de Costa Rica. Este se financiaría con recursos de las economías desarrolladas
canalizados a través de los bancos multilaterales de desarrollo y constaría de
516.000 millones de dólares (un 3% del PIB de los países de ingreso bajo y
medio o el 0,7% del PIB de los países desarrollados)
• Una
segunda medida de política se centra en el fortalecimiento de la cooperación
regional aumentando la capacidad de préstamo y respuesta de las instituciones
financieras regionales, subregionales y nacionales, y estrechando sus vínculos
con los bancos multilaterales de desarrollo. También es necesario fomentar la
cooperación y coordinación entre los bancos de desarrollo regionales,
subregionales y nacionales. Los bancos nacionales de desarrollo han sido
actores clave en la provisión de financiamiento, comprometiendo el equivalente
a 93.000 millones de dólares de apoyo financiero contra el COVID-19.
• Una
tercera medida de política consiste en el acceso a un mayor financiamiento que
debe complementarse con impulso una reforma institucional de la arquitectura de
la deuda multilateral, que incluya la creación de un mecanismo internacional de
reestructuración de la deuda soberana y de una agencia multilateral de
calificación crediticia. La Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda
(DSSI) del Grupo de los Veinte (G20) también debe ampliar su alcance, para
incluir a todas las partes interesadas (es decir, el sector privado y las
instituciones multilaterales) y a los países vulnerables de renta media, y debe
extenderse más allá de 2021.
• Una
cuarta medida de política consiste en proporcionar a los países un conjunto de
instrumentos innovadores destinados a aumentar la capacidad de reembolso de la
deuda y evitar el endeudamiento excesivo. Los instrumentos innovadores vinculan
la capacidad de reembolso de los países a su exposición y vulnerabilidad a las catástrofes
naturales (como en el caso de las cláusulas sobre huracanes) o a los altibajos
del ciclo económico (como los bonos de contingencia vinculados a los ingresos o
al Estado).
• Como
quinta medida de política, se propone integrar las medidas de liquidez y de
reducción de la deuda a una estrategia de financiamiento para el desarrollo
encaminada a construir un futuro mejor. La crisis actual debe aprovecharse no
solo como una oportunidad para repensar la agenda de financiamiento para el
desarrollo de los países de renta media, sino también como una ocasión para
alcanzar un amplio consenso social y político que permita implementar reformas
ambiciosas con el fin de emprender un proceso de reconstrucción sostenible e
igualitario.
Inversión
en el sector verde
Asimismo,
los esfuerzos de recuperación deben centrarse en fomentar la resiliencia. El
Fondo de Resiliencia del Caribe se dedicará a atraer financiamiento a gran
escala y de bajo costo para destinarlo a invertir en sectores verdes, a reducir
la deuda mediante el canje de esta por adaptación al clima, y a apoyar la
inversión en proyectos que fomenten la resiliencia. Además de atraer
financiamiento en condiciones favorables y otras fuentes de financiamiento, el
Fondo de Resiliencia del Caribe se financiaría mediante una reducción de la
deuda que representa el 12,2% del total de la deuda pública de los Pequeños
Estados Insulares en Desarrollo (PEID) del Caribe, que asciende a solo 7.000
millones de dólares.
El
documento subraya que la orientación de las políticas de los países de América
Latina y el Caribe también es fundamental a los efectos de construir un futuro
mejor.
“El margen
para aplicar políticas se puede aumentar si se eliminan la elusión y la evasión
fiscales, y se hace caer el peso de la tributación en los impuestos directos y
los que gravan la propiedad y el patrimonio. También se debe reorientar el
gasto público hacia la creación de empleo y las actividades que son
transformadoras y ambientalmente sostenibles. Para ello, en dicho gasto se
deben priorizar la inversión pública, el ingreso básico, la protección social
universal, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes), la inclusión
digital y el desarrollo de tecnologías verdes”, concluye.
