Thursday, February 28, 2019

Competencia, Corrupción y Bienestar

Aun en países desarrollados y con economía basadas en mercado, la importancia de las compras y adquisiciones públicas y gubernamentales, como porcentaje del PIB, asciende a las dos cifras –alrededor de un 10 y un 20% como en el caso español-.

Enrique González - negociosymercadeo.net (*)

Adicionalmente si se considera el elevado costo de oportunidad del uso de los recursos públicos en países en desarrollo, nuestras crisis fiscales, nuestros niveles de endeudamiento, los elevados costos sombra del levantamiento de dichos recursos y los efectos distorsionantes de los mecanismos de financiamiento de las compras públicas; dichas actividades resultan de impacto sustantivo sobre una economía nacional y el bienestar de sus ciudadanos.

Es así como ciertos organismos multilaterales –por ejemplo, la OECD-, ha venido desarrollando una serie de estudios, análisis y asomando recomendaciones de política pública y de mejora normativa, basados en principios de Transparencia, No Discriminación y Competencia, que coadyuven a mejorar la eficiencia en dichos procesos de compras públicas con directa incidencia en favor de los ciudadanos.

La mejora en el diseño de los mecanismos de licitación de las compras públicas, y el seguimiento de eventuales prácticas que lesionen al principio de la competencia en dichos procesos, constituyen un reto actual e incuestionablemente relevante para los países. Dicha labor, en lo que compete a resguardar el principio de competencia y el fundamento de mecanismos basados en mercado de las políticas públicas, involucra a las autoridades de competencia en su función tanto de Abogacía de la Competencia –por medio del análisis microeconómico de las normas referidas a las licitaciones de compras públicas y en las sugerencias de mejora de diseño- como de policía administrativa para vigilar, disuadir y sancionar prácticas anticompetitivas tipo Bid Rigging.

Garantizar la rivalidad y la “competencia por el mercado” en los procesos de compras gubernamentales redunda en la transferencia de menores precios y calidad de bienes y servicios en favor de los consumidores finales, así como menores cargas impositivas producto de una mejor calidad del gasto.

Por su parte, la transparencia, así como reglas claras y eficientes para dichos procesos de licitación de las compras públicas, no sólo fomentan la competencia por el mercado, sino que dificultan acciones de corrupción relacionadas con dichas actuaciones públicas.

Este tipo de labores deben formar parte, con prioridad elevada, de la agenda de política económica y legislativa de países como Somalia, Sudan, Burundi y Venezuela, con la vista puesta en el mejor uso de los escasos recursos públicos ante la abrumadora cantidad de falencias y necesidades de la población de tales países.

Dichos principios de eficiencia y competencia, así como la necesidad de desarrollar una línea pública de trabajo y análisis aplica de igual manera respecto al diseño de procuras de servicios públicos, los procesos de privatizaciones, y la gestión de empresas públicas.

Se requiere desarrollar una agenda de trabajo y análisis –lo cual en lo personal hemos iniciado-, para desarrollar una lista de políticas microeconómicas, de cuyo desarrollo profundo, contando con el compromiso político y con el liderazgo adecuado, dependerá gran parte de los esquemas de incentivos derivados de las políticas públicas y legislativas a futuro que terminarán determinando un verdadero inicio de recuperación del país.

(*) Autor: Economista UCV. Master in Competition and Market Regulation, Universidad Pompeu Fabra. Master en Economía Industrial, Universidad Carlos III de Madrid. Postgraduate Diploma in Economics for Competition Law, Kings College London. Maestría en Derecho y Economía, Universidad Torcuato Di Tella. Especialización en Economía de los Sectores Telecomunicaciones, Energía, Transporte, Farmacéutico, Agua y Banca, Universidad Carlos III de Madrid y Universidad Pompeu Fabra.

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