Aun en países
desarrollados y con economía basadas en mercado, la importancia de las compras
y adquisiciones públicas y gubernamentales, como porcentaje del PIB, asciende a
las dos cifras –alrededor de un 10 y un 20% como en el caso español-.
Enrique González - negociosymercadeo.net (*)
Adicionalmente
si se considera el elevado costo de oportunidad del uso de los recursos
públicos en países en desarrollo, nuestras crisis fiscales, nuestros niveles de
endeudamiento, los elevados costos sombra del levantamiento de dichos recursos
y los efectos distorsionantes de los mecanismos de financiamiento de las
compras públicas; dichas actividades resultan de impacto sustantivo sobre una
economía nacional y el bienestar de sus ciudadanos.
Es así como
ciertos organismos multilaterales –por ejemplo, la OECD-, ha venido
desarrollando una serie de estudios, análisis y asomando recomendaciones de
política pública y de mejora normativa, basados en principios de Transparencia,
No Discriminación y Competencia, que coadyuven a mejorar la eficiencia en
dichos procesos de compras públicas con directa incidencia en favor de los ciudadanos.
La mejora en el
diseño de los mecanismos de licitación de las compras públicas, y el
seguimiento de eventuales prácticas que lesionen al principio de la competencia
en dichos procesos, constituyen un reto actual e incuestionablemente relevante
para los países. Dicha labor, en lo que compete a resguardar el principio de
competencia y el fundamento de mecanismos basados en mercado de las políticas
públicas, involucra a las autoridades de competencia en su función tanto de
Abogacía de la Competencia –por medio del análisis microeconómico de las normas
referidas a las licitaciones de compras públicas y en las sugerencias de mejora
de diseño- como de policía administrativa para vigilar, disuadir y sancionar
prácticas anticompetitivas tipo Bid
Rigging.
Garantizar la
rivalidad y la “competencia por el
mercado” en los procesos de compras gubernamentales redunda en la
transferencia de menores precios y calidad de bienes y servicios en favor de
los consumidores finales, así como menores cargas impositivas producto de una
mejor calidad del gasto.
Por su parte, la
transparencia, así como reglas claras y eficientes para dichos procesos de licitación
de las compras públicas, no sólo fomentan la competencia por el mercado, sino que dificultan acciones de
corrupción relacionadas con dichas actuaciones públicas.
Este tipo de labores deben formar parte, con prioridad elevada, de la
agenda de política económica y legislativa de países como Somalia, Sudan,
Burundi y Venezuela, con la vista puesta en el mejor uso de
los escasos recursos públicos ante la abrumadora cantidad de falencias y
necesidades de la población de tales países.
Dichos
principios de eficiencia y competencia, así como la necesidad de desarrollar
una línea pública de trabajo y análisis aplica de igual manera respecto al
diseño de procuras de servicios públicos, los procesos de privatizaciones, y la
gestión de empresas públicas.
Se requiere
desarrollar una agenda de trabajo y análisis –lo cual en lo personal hemos
iniciado-, para desarrollar una lista de políticas microeconómicas, de cuyo
desarrollo profundo, contando con el compromiso político y con el liderazgo
adecuado, dependerá gran parte de los esquemas de incentivos derivados de las
políticas públicas y legislativas a futuro que terminarán determinando un
verdadero inicio de recuperación del país.
(*) Autor: Economista UCV.
Master in Competition and Market Regulation, Universidad Pompeu Fabra. Master
en Economía Industrial, Universidad Carlos III de Madrid. Postgraduate Diploma
in Economics for Competition Law, Kings College London. Maestría en Derecho y
Economía, Universidad Torcuato Di Tella. Especialización en Economía de los
Sectores Telecomunicaciones, Energía, Transporte, Farmacéutico, Agua y Banca,
Universidad Carlos III de Madrid y Universidad Pompeu Fabra.
