La inflación constituye un mal público,
que obviamente afecta no sólo al consumidor final que ve reducido su capacidad
de acceso y adquisición de bienes y servicios, así como su calidad de vida,
sino que afecta igualmente a los empresarios que por un lado pueden ver reducir
sus mercados y por el otro pinzar sus márgenes por límites normales en su
capacidad de pass-through de la
inflación de costos a sus precios.
En el caso de las empresas, sus activos,
pasivos y patrimonio se valúan a monedas de distinto poder adquisitivo (las
correspondientes a la fecha de incorporación de los bienes que lo integra). Los
resultados, vistos contable e históricamente, se determinan comparando costos e
ingresos de distinto poder adquisitivo (generalmente los costos se encuentran
expresados en moneda de menor poder adquisitivo ya que se originan con
anterioridad al ingreso que provocan).
Los valores contables históricos presentan
una serie de problemas, entre los que pueden destacarse:
·
Liquidación
de impuestos: en la mayoría de los casos se pagan impuestos sobre ganancias
nominales que si se ajustaran serían mucho menores. Este hecho presenta el problema que en la medida que su incidencia
sobre incentivos a las empresas en favor de la inversión, generación de empleos
y de oferta de bienes y servicios sea preferible a la eficiencia del uso de
recursos públicos de origen tributario por renta; la inflación, su impacto
sobre el capital de trabajo de las empresas y los controles de precios miopes
resultarán socialmente lesivos.
·
Estados
Contables de publicación: problemas en las cifras expuestas que provocan
distorsiones para los usuarios de los mismos. Problemas de comparabilidad entre
diferentes períodos de una misma empresa o entre diferentes empresas con
diferente antigüedad de las partidas patrimoniales. Esta situación podría crear enormes sesgos y prejuicios en la
aplicación de Benchmark de rentabilidad por parte de los reguladores,
destruyendo incentivos y comprometiendo el capital de trabajo para mantener y
sostener las operaciones económicas-comerciales a futuro.
·
Contabilidad
para la gestión: puede producir errores en la toma de decisiones por utilizar
las cifras nominales en lugar de las ajustadas por inflación. Por ello las empresas suelen utilizar
mecanismos de reexpresión de su información contable que les permitan realizar
comparaciones y toma de decisiones adecuadas. El mecanismo llamado Ajuste por
Inflación permite obtener una metodología que logra producir las correcciones
necesarias para alcanzar una correcta estimación del patrimonio del ente y sus
resultados. Estas serán utilizadas
independientemente de que el Gobierno o los reguladores no la vean con buenos
ojos o se encuentren expresamente prohibidas -esto a pesar de que sólo estaría
cambiando la unidad de cuenta para homogeneizarla y no cambiaría el criterio o método
de valoración, por ejemplo el criterio de valuación puede seguir siendo el
costo histórico-.
Dentro de los elementos que componen el
activo, pasivo y patrimonio neto de una empresa, podemos hacer una distinción
en su comportamiento frente a la inflación. Los rubros monetarios son aquellos
que siempre se encuentran expresados en moneda de poder adquisitivo del momento.
La tenencia de este tipo de bienes genera resultados (pérdidas o ganancias)
por exposición a la inflación (REI).
Por su parte los rubros no monetarios son
aquellos que están expresados en moneda de poder adquisitivo correspondiente
al momento de su incorporación al patrimonio de la empresa. Estos bienes no generan
resultados por exposición a la inflación, pero deben ser ajustados al cierre
del Ejercicio Económico a los efectos de homogeneizar su presentación en los
Estados Contables exponiendo cifras de igual poder adquisitivo
El resultado del ejercicio es la
variación producida en el patrimonio del ente no originada en operaciones con
los propietarios (aportes y retiros).
De esta forma podemos decir que el
resultado del ejercicio será positivo (ganancia) cuando exista un incremento
patrimonial, no atribuible a transacciones con los propietarios del ente, que
exceda lo necesario para mantener el capital invertido. Si no se logra mantener
el capital invertido existirá una pérdida.
En este mismo orden de ideas, la inflación
afectará al Capital de Trabajo (Activos Corrientes menos Pasivos Corrientes) de
la empresa a partir de sus propias Operaciones normales.
Bien en el caso de tenencia de activos
monetarios, producto por ejemplo de una venta que no logre transformarse de
inmediato en la adquisición o en la reposición de los inventarios antes de que
aumenten los precios producto de la inflación, o en aquellos casos en los que
el margen operativo no sólo sea inferior a la inflación para reponer
inventarios, sino para asumir el resto de gastos comerciales, administrativos,
financieros, etc; la empresa se irá descapitalizando. Esta descapitalización de
las empresas, exacerbada vía controles de precios que no permiten valorar los
Costos de la Mercadería Vendida (sea producto final, producto elaborado,
semi-elaborado, o materia prima) a la hora de las operaciones comerciales,
destruyen los incentivos a la actividad económica y a la oferta de bienes y
servicios.
Por ello, independientemente que la
política económica, especialmente la anti-inflacionaria brille por su ausencia,
o su efectividad sea limitada y las expectativas inflacionarias no se adapten
tan rápidamente a la baja, aún cuando usted prohíba el Ajuste por Inflación, el
hecho cierto es que la inflación existe y ejerce impacto en las operaciones
económicas-comerciales y en las decisiones de inversión y oferta a futuro por
parte de las empresas.
Existen dos posiciones ante este hecho,
intentar “tapar el sol con un dedo” o ser pragmático y aunque no nos guste la
realidad económica, reconocerla para en consecuencia medir su impacto y valorar
las alternativas de política verdaderamente efectivas. Los dos países con mayor
inflación en Latinoamérica son Venezuela y Argentina. En el primer caso tenemos
a un tren Ejecutivo que incluso ha llegado a negar la existencia de la
inflación, imponiendo controles y congelamiento de precios que desconocen su
impacto sobre las operaciones de las empresas, desconociendo los costos
económicos y de reposición, y cerrando toda conversación real con el sector
privado. En el segundo caso, a partir de un evento de depreciación de la moneda
de curso legal con efecto inflacionario vía pass-through,
el Ejecutivo Nacional convocó cerrando mayo de 2018 a un grupo del empresariado
para conocer el impacto y el pass-through
de la depreciación sobre sus precios, preocupados ambos lados por el límite de
la demanda de soportar tal transferencia de costos.
Autor: Enrique González.
Economista UCV. Master in Competition and
Market Regulation, BarcelonaGSE, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma
de Barcelona. Master en Economía Industrial, Universidad Carlos III de Madrid.
