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Tuesday, February 16, 2021

Sector telecomunicaciones: buen momento para dinamizarlo

 El 05 de febrero de 2021 talcualdigital.com publicó una entrevista a Carlos Lander, director ejecutivo de SimpleTV, por medio de la cual informaba la clara intención de atender al público con innovaciones propias para el mercado venezolano, así como algunas otras tendencias mundiales en el competido mercado de los servicios TIC y de televisión por siuscripción (por ejemplo -en este último caso- el uso de bots e inteligencia artificial en la atención al público para racionalizar costos y viabilidad las operaciones en un mercado con bajo poder de compra).

 Autor:  Enrique González (*)

Una de las revelaciones interesantes es que SimpleTV contaría con una licencia, otorgada por CONATEL, para explotar servicios de internet, asomando eventuales planes futuros de la compañía.

En el mercado de los servicios TIC en convergencia, la provisión de internet constituye la capa de servicio sobre la cual se ha estado desarrollando todo un ecosistema digital de enorme valor agregado para los usuarios.

A lo largo de los países latinoamericanos, en promedio, los dos servicios que todavía pueden mostrar tasas de crecimiento anual equivalente positivas en términos reales, a lo largo del último lustro, son los de Internet Fijo y los servicios de televisión por suscripción (aun cuando la telefonía móvil para los operadores de Telco que ofrecen cuadrupleplay constituye por porcentaje sobre los ingresos totales su principal fuente, la competencia en dicho mercado ha determinado una tasa de crecimiento anual equivalente de sus ingresos incluso negativa en términos reales en varios de los casos). Lo anterior puede venir parcialmente explicado, cuando menos en el primer caso, producto de la todavía parcial sustituibilidad de una oferta de tarifa plana de Internet Fijo por una equivalente vía telefonía móvil y más precisamente vía el Internet Móvil, así como dependiendo del caso país, por cierta segmentación local, a pesar de las enormes inversiones en redes de nueva generación y en tecnología de 4G que se han producido para aumentar la calidad objetiva del servicio móvil -velocidad de subida y bajada, menor tasa de latencia, ancho de banda, etc-.

En este sentido, la posibilidad que tenga SimpleTV de incursionar en la provisión del servicio de internet, ante la enorme tendencia por parte de los usuarios de demandar y consumir datos -independientemente que estos sean datos, contenido, video streaming, etc.- le permitirá competir con las compañías de telecomunicaciones que hoy, día producto de la convergencia tecnológica, ofrecen asimismo servicios de televisión por suscripción -sea vía cable IPTV o vía DTH o satelital-. De hecho podría esperarse una fuerte competencia en los propios servicios de televisión por suscripción por la posibilidad de que el IPTV transforme el modelo lineal de presentación de la grilla, por uno más moderno tipo televisión “a la carta” donde el consumidor decide que contenido consumir en qué momento vía plataformas o sobre IP.

Todas estas innovaciones requieren inversiones que demandan financiamiento y capital de trabajo. En este sentido, la aseveración que realiza el director ejecutivo de SimpleTV referida a que eventuales subsidios cruzados no pueden concebirse como indeterminados en el tiempo resulta clave. Objetivamente hablando, los subsidios cruzados constituyen una destrucción de valor para los inversionistas y en consecuencias implican una amenaza a los incentivos para introducir innovaciones y para mantener las inversiones que por lo general los propios usuarios estarían dispuestos a costear vía precios o tarifas.

Salvo que la imposición de un servicio subsidiado o un “plan popular” implique un servicio lo suficientemente “downgraded” como para no canibalizar a los segmentos de demanda dispuestos a pagar por las versiones de planes con más canales o con canales diferenciados de alta valoración; los subsidios cruzados pueden condenar la sostenibilidad del servicio en el tiempo y la calidad de los mismos, especialmente si ni siquiera pueden cubrir vía precios o tarifas los costos incrementales de prestar el servicio a dicho segmento o lo que es lo mismo que dichos usuarios sean Co-responsables de los costos del servicio que se les está proveyendo. Lo anterior es algo que un regulador debe comprender, más allá que en el país el régimen tarifario esté sometido, según la norma, a concurrencia entre los operadores.

SimpleTV, según informa su director ejecutivo, se encuentra parcialmente integrado aguas arriba por medio del desarrollo y la producción de contenido propio local deportivo, lo que implica mérito en materia de aporte a la generación de empleo y al dinamismo de la industria audiovisual y de producción de contenido en Venezuela. En la medida que dicho contenido sea diferenciador y en consecuencia apreciado por los suscriptores, debe existir la libertad tarifaria que permita recuperar capital de trabajo así como recursos para invertir en dicho contenido que pudiera constituir contenido o señales diferenciadoras que agregan valor a la grilla ofrecida por SimpleTV.

En este mismo orden de ideas, los costos de oportunidad que le implican a un proveedor de servicios de televisión satelital incluir contenido adicional a su grilla -por ejemplo en el caso de incluir señales nacionales producto de la negociación voluntaria entre las partes-, garantiza la eficiencia del uso de la tecnología a través de la aceptación que los suscriptores poseen por dichas señales. Así las cosas, ante la ausencia de una regla de must carry, con libertad tarifaria hacia el consumidor final, así como libertad de negociación entre propietarios de señales o contenido con el prestador de servicios de televisión paga; termina siendo el usuario o suscriptor quien determina la grilla que maximiza el servicio prestado en el país. Este detalle no resulta menor para que un regulador obre en favor del bienestar social en el sector de los servicios de televisión por suscripción.

Toda empresa que opera en sectores intensivos en tecnologías o en sectores de servicios de redes posee incentivos para atender la mayor cantidad de clientes posible que oporten marginalmente a los ingresos para cubrir costos conjuntos y comunes. Esta naturaleza de las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones y servicios audiovisuales debe ser valorada por todo regulador y diseñador de políticas públicas (especialmente si dichas empresas se encuentran sometidas a la competencia, no solo doméstica por parte de otros licenciatarios sino por parte de proveedores de servicios OTT que hoy día exportan sus servicios sin que gobernanza alguna los afecte).

En otro orden de ideas, la decisión de Telefónica de salir de la región Latinoamérica -salvo Brasil- y la correcta decisión de pasar a manos privadas empresas en manos públicas -por ejemplo del sector telecomunicaciones- requiere señales de un cambio de concepción del sector en Venezuela para que inversionistas -como en el caso de SimpleTV- tomen la decisión de invertir y aportar al mercado venezolano. Las primeras y principales señales debe darlas el ejecutivo nacional, analizando la evolución regulatoria y de políticas públicas que países tremendamente comprometidos con su población y con el consumidor, como la Unión Europea, han dado a lo largo de los últimos años en materia regulatoria. Pareciera que la mesa está servida para que el ejecutivo nacional, envíe una contundente señal, ya no sólo al sector TIC y a sus potenciales inversionistas, sino a los venezolanos y al mundo, que efectivamente existe la intención de dinamizar la economía nacional.

(*) Economista UCV.

Monday, December 21, 2020

Infraestructura digital: herramienta social y económica

La aparición y propagación de COVID-19 han hecho que los retrasos en conectividad y digitalización en América Latina y el Caribe (ALC) sean aún más visibles. El cierre de actividades, impuesto como medida para reducir la transmisión del virus, incrementó la demanda de herramientas digitales que permitiesen continuar realizando actividades económicas, educativas y sociales de forma remota.

Es por esto que una de las prioridades para ALC debería ser llevar la conexión a quienes aún no la tienen, pues la conectividad es una condición necesaria, aunque no suficiente, para obtener los beneficios generados por las tecnologías digitales.

Antonio García Zaballos (*) / blogs.iadb.org

Infraestructura digital ¿cómo es la conectividad en las zonas rurales?

A pesar de que las redes de banda ancha dan cobertura a una parte importante de la población, es importante considerar las diferencias que existen dentro de los países. La conectividad en las zonas rurales es sustancialmente menor a la conectividad en localidades urbanas. De hecho, para las localidades rurales con bajos niveles de marginación las redes de banda ancha cubrían apenas el 70%, mientras que sus contrapartes urbanas contaban con cobertura al 100%. Entre las localidades con altos niveles de marginación, las redes de banda ancha dan cobertura a menos del 10% de las localidades rurales, contra el 90% en localidades urbanas. Esto puede verse reflejado en la siguiente Figura 1.


Calidad del acceso también es clave

Para realizar actividades productivas a distancia de forma eficiente, la velocidad del servicio debe ser la adecuada; es decir que la calidad de la conexión también es importante. En un contexto de COVID-19, la dimensión de calidad se vuelve de central importancia cuando varias personas en un hogar, por ejemplo, requieren conectarse simultáneamente. Las bajas velocidades de conexión aumentan las condiciones de exclusión, pues conllevan una desventaja para las personas más marginadas dentro de un hogar – personas de origen indígena, niñas, o mujeres, por ejemplo, dentro del contexto de la distribución intrafamiliar de los alimentos y recursos en situaciones de crisis económica – en el uso de soluciones digitales para el trabajo a distancia y la educación en línea.

Más aún, podemos decir que la falta de habilidades para el uso de internet y de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en general podrían haber agravado los efectos del coronavirus en la región al dificultar la transición digital de diversas actividades.

En la situación actual, las telecomunicaciones pueden ayudar a mantener la actividad económica durante la pandemia, a continuación, hacemos un análisis de cómo la infraestructura digital puede contribuir a lo largo de las distintas fases:

Primera etapa: La Crisis

Las telecomunicaciones hacen posible el trabajo a distancia para aquellos negocios donde esta es una opción viable, permitiendo a las empresas continuar su operación. En su mayoría, esto es posible gracias a redes de internet de banda ancha fijo de amplia cobertura, pero en ciertos casos las redes móviles pueden actuar como sustitutos, aunque con ciertas limitantes en cuanto a su capacidad.

Pero adicionalmente a los beneficios derivados del teletrabajo, las telecomunicaciones también hacen posible hacer compras por internet, ayudando a que la población permanezca en sus casas y también permitiendo a las tiendas conservar algo de su actividad, la cual tendría que suspenderse de otra manera. Dado que el comercio digital en la región parece variar entre el 1-2% (comparado con el Reino Unido, donde ahora alcanza el 20%). Hemos calculado que el comercio digital podría incrementarse por un factor de tres durante el periodo de confinamiento.

Finalmente, es innegable el efecto que el acceso a internet genera en la prestación de servicios públicos. Por ejemplo, en el caso del sector educativo, permiten tomar clases a distancia, por lo que la educación no debe sufrir en demasía, permitiendo por ejemplo a los alumnos acceder a sus maestros, o a cursos masivos en línea (massive on-line courses, MOOC). De igual modo, las telecomunicaciones pueden ayudar con el cuidado de la salud, al permitir realizar consultas de video/audio con los médicos, y reducir así la necesidad de hacer a personas vulnerables trasladarse, y permitir el monitoreo remoto de condiciones potencialmente peligrosas, como la diabetes.

La siguiente tabla 2 estima un impacto agregado de la infraestructura digital sobre las distintas actividades durante la pandemia para los distintos países incluidos en la muestra de más de US$1.600 millones.


Segunda Etapa: Recuperación

Durante la recuperación es posible que varias de las actividades descritas en la sección de crisis continuarán siendo aplicadas – por ejemplo, es posible que se exhorte a las personas a que continúen trabajando a distancia y las restricciones sobre la educación podrían seguir siendo aplicadas. Además, las telecomunicaciones podrían desempeñar un papel clave en el monitoreo y seguimiento para prevenir un rebrote, o en permitir que ciertas medidas sean retiradas con mayor rapidez conforme los datos sobre el impacto de estos cambios queden rápidamente disponibles, permitiendo que dichos cambios sean revertidos pronto en caso de ser necesario.

Tercera Etapa: Nueva Normalidad

La nueva normalidad seguramente involucrará una reconstrucción de la economía, mientras se procura reducir el riesgo de sufrir una nueva pandemia (o un resurgimiento de la pandemia actual). La gran lección de la crisis actual es que las telecomunicaciones desempeñan un papel vital para un país tanto del punto de vista económico como social, mucho más allá de lo que se había pensado anteriormente.

A grandes rasgos, esto implica que los gobiernos, reguladores y otros actores similares deberían ver aún mayores incentivos para promover la implementación rápida de redes de banda ancha fija y móvil. Cómo podrían hacer esto es el tema que trata la siguiente sección de este informe.

Al objeto de minimizar el impacto del COVID-19 sobre la economía y los servicios públicos podríamos identificar una serie de acciones que podrían tomar los gobiernos. Entre ellas podemos identificar:

• la eliminación de barreras al despliegue de infraestructura y el desarrollo de mecanismos regulatorios tales como • la compartición de infraestructura y los derechos de paso,

• la asignación del espectro disponible,

• la asignación de subsidios para zonas el despliegue de infraestructuras en áreas de escaso interés comercial por parte del sector privado, 

y finalmente, 

• facilitar el acceso a dispositivos para hogares de bajos ingresos.

Es momento para actuar rápido pues lo que los países de la región hagan hoy en infraestructura digital no sólo tendrá un impacto sobre el PIB actual sino también sobre la posibilidad de desarrollo económico y social en el período post pandemia.

Una versión de este artículo fue publicada originalmente por el autor en El País de España.

Descarga la publicación de IADB "El impacto de la infraestructura digital en las consecuencias de la COVID-19 y en la mitigación de efectos futuros". Esta publicación identifica las medidas que los responsables de la formulación de políticas pueden tomar, dependiendo de cuáles sean los mayores obstáculos para las actividades remotas en sus países.

Friday, December 4, 2020

Cierre del 2020: Desafíos Económicos, Políticas Públicas y afianzamiento del eCommerce

El cierre del año 2020 y la experiencia acumulada a través de éste puede que nos deje un par de constataciones y confirmaciones de tendencias e hipótesis que hasta ahora se encontraban en ciernes. Por un lado, la referida a la consolidación de la economía digital a escala global, y que en la actualidad la digitalización forma parte de nuestra realidad en el futuro inmediato, y por el otro, el planteamiento de alguna hipótesis sobre la posibilidad de algún cambio en el marco institucional y económico venezolano o no, y el racional de ir sorteando estratégicamente dichos escenarios.

 Autor: Enrique González (*)

1.- La Pandemia: Adaptación y Estrategia ante la Economía Digital:

La pandemia y las distintas políticas públicas -entre otras, “cuarentenas”, aislamiento y distanciamiento social- aplicadas por diversos gobiernos a nivel mundial han constituido una especie de “experimento natural” que permitió a los ciudadanos en sus roles de consumidores por un lado, y de empresarios y empleados por el otro, cambiar sus percepciones respecto al comercio electrónico y al tele-trabajo respectivamente.

Debido a que las compras electrónicas y el comercio on-line poseen algunas características de “bien de experiencia”, los cuales requieren que el consumidor compruebe sus cualidades, beneficios y constaten si efectivamente alguno de los riesgos y temores referidos a este tipo de servicio efectivamente se justifican; su proliferación a lo largo del tiempo ha enfrentado ciertas resistencias. En específico, los temores de los consumidores respecto a la seguridad en las transacciones y la protección de sus datos, así como la garantía que la transacción se concrete y efectivamente el producto localizado por medio de portales Web cumpla con las expectativas, ha podido constituir la primera barrera para desarrollar una confianza en favor de esta modalidad de comercio.

Sin embargo, la pandemia nos ha obligado a muchos a tener que realizar transacciones electrónicas, bien por las precauciones que hemos tomado de no salir de casa, o porque simplemente en algún momento durante la “cuarentena” los comercios físicos han estado cerrados y la única alternativa ha sido las compras vía el comercio electrónico y el Delivery.

Países que muestran desempeños tímidos, confirman crecimientos de por lo menos 40% en las compras electrónicas o a través de plataformas transaccionales. Por ejemplo, se estima que en Argentina durante el primer semestre de 2020 el crecimiento del eCommerce se ubicó en 106%. Por otra parte, se estima que en Latinoamérica uno de cada cinco clientes en eCommerce es nuevo debido a la pandemia. Hay quienes estiman que la pandemia explica un crecimiento promedio de 300% en el eCommerce en Latinoamérica.

Aún cuando probablemente a futuro el comercio electrónico continúe afianzándose en el uso y costumbre de los consumidores, apalancado en la experiencia desarrollada durante la pandemia, haciendo de la digitalización de las empresas un canal de interés a explorar y operar, asimismo presenta retos y amenazas. En la medida que el comercio electrónico, la oferta virtual de productos y la publicidad a través de nuevos y numerosos medios y plataformas reducen los costos de búsqueda de los potenciales consumidores, asimismo puede presionar por un mayor nivel de rivalidad vía precio. Ante esta circunstancia las empresas tienen que valorar cuál podría ser el efecto neto entre: por un lado, una ampliación de los canales de promoción y venta de sus productos -por ejemplo por medio de plataformas transaccionales de terceros-, que aún cuando bien posicionadas, suelen exigir pagos o porcentajes sobre las ventas, a la par que facilitan la comparación de precios con la competencia aumentando la rivalidad en dicho atributo, pudiendo generar un eventual efecto “canibalización” sobre canales tradicionales, y por el otro lado, el eventual efecto volumen de aumento en las ventas.

Otro tema que la pandemia ha puesto en evidencia, y que anteriormente no se tenía del todo claro, además del prejuicio referido al riesgo de pérdida de productividad, lo constituía el trabajo a distancia o tele-trabajo. A lo largo de variados sectores y actividades económicas, así como profesiones y oficios, la cuarentena ha forzado a empleadores y trabajadores a ensayar y probar modalidades de tele-trabajo; demostrando que constituye, para ciertas labores que tradicionalmente se desempeñaban presencialmente, una alternativa eficiente y productiva. El ahorro de ciertos costos de transporte, de logística del trabajador para ir y regresar del trabajo, de espacios e inmuebles para el empleador, obviamente deben ser sopesados con los costos que puedan implicar nuevas formas de monitoreo del trabajador, así como la “brecha digital”. Este ultimo término -brecha digital- posee varias acepciones y dimensiones, sin embargo queremos destacar, con especial énfasis para el caso de países como Venezuela, el alcance de la infraestructura instalada para la prestación del servicio de Internet -alcance geográfico, ancho de banda y velocidad-, la accesibilidad por parte de los habitantes de algunos países de la región a este tipo de servicios -no sólo en lo referido al teme de precios por el servicio de Internet sino a la disponibilidad de dispositivos o hardware para su uso-, así como las destrezas, conocimientos y predisposición a favor del uso de nuevos softwares y herramientas tecnológicas.

No sólo la digitalización de las empresas, dada la transversalidad del recurso tecnológico y sus potenciales beneficios en materia de expansión de mercados, sino en los casos que corresponda, el manejo de nuevos ingentes de datos, permitirían a las empresas conocer mejor los gustos, preferencias e incluso las disponibilidades de pago por parte de sus consumidores a un nivel nunca visto con anterioridad. Esta nueva realidad posibilitará atender más eficientemente los mercados, permitiendo expandir los mismos y capturar mayores porcentajes de valor en estos. Definitivamente el marketing ha evolucionado de un “arte” a ser una ciencia de datos, por medio de la cual se facilita el éxito en los mercados y la rentabilidad de las empresas.

2.- ¿Fenece el Rentismo?: ¿Cambio del Paradigma Económico?

El rentismo petrolero fenece; lo que implica retos, riesgos y oportunidades. Un país que ha contado en la renta petrolera como su principal fuente dinamizadora y soporte del poder de compra interno y externo -así como fuente de credibilidad y respaldo de su moneda-; puede verse forzado ha tener que cambiar su paradigma económico y pasar así de uno de extracción y apropiación de la renta petrolera a uno basado en la creación de valor en adelante.

En este sentido, el colapso de la industria petrolera venezolana supone un shock negativo “súbito” contra la profundidad del mercado venezolano en general. La contra cara de esta moneda, lo constituye la necesidad de cambiar el paradigma de bienestar, crecimiento y riqueza que hasta la fecha se encontraba fundamentalmente sustentado en la economía petrolera.

Para ello el talento, la innovación, la diferenciación, la productividad y la competitividad de nuestro esfuerzo, operaciones y productos resultan claves. En este sentido, el factor y recurso productivo relevante lo constituirá el talento humano. Crear valor, soluciones, estrategias y productos más que insumos físicos exige emprendedurismo y conocimientos. Las estrategias de retención, captación e incentivos al talento humano han tomado especial relevancia en las empresas venezolanas en la actualidad, y continuarán siendo una política fundamental a futuro, especialmente frente a un nuevo paradigma económico y productivo.

Sin embargo, vale acotar que la petrolera no es la única vía del rentismo, por lo que como sociedad seguimos expuestos al riesgo de búsqueda de rentas por medio de la captura de instituciones públicas débiles. Esta visión si bien racional desde la perspectiva de intereses particulares y en el corto plazo; ha mostrado basarse en una visión poco sostenible, que atenta al mediano y largo plazo en contra de la productividad y el bienestar del país, debido a que concibe, erróneamente, a la economía como un juego suma cero donde unos ganan a costa de otros.

La economía y la innovación en términos dinámicos constituyen un juego suma positiva donde todos los participantes y stakeholders pueden ganar. Ejemplo de ello lo constituye el universo de intercambios y contratos voluntarios, así como la innovación e introducción de nuevos productos y servicios a los mercados que terminan beneficiando a todos los ciudadanos en su rol de consumidores, empleados, empresarios, etc.

3.- Resiliencia versus Procrastinación:

Resiliencia: “La resiliencia o entereza es la capacidad para adaptarse levemente con resultados positivos frente a situaciones adversas”. Fuente: Wikipedia.

Procrastinación: “La procrastinación (del latín procrastinarepro, adelante, y crastinus, mañana), postergación o posposición es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables por miedo o pereza a afrontarlas”. Fuente: Wikipedia.

Con la intención de dar un sentido práctico y consecuencialista a los términos utilizados en el presente subtítulo así como al esfuerzo que realizan empresarios, gremios e instituciones de la sociedad civil día a día ante la situación tan adversa que atraviesa el país, nos permitiremos plantear un tema cuya formalización supera el presente artículo, pero que permitirá darle racionalidad a las acciones que hacemos todos los días por defender y promover el desarrollo de nuestros sectores económicos y nuestras empresas. 

Lo primero que habría que definir es que consecuencialismo implicaría valorar los esfuerzos y las alternativas basándonos en sus resultados. Desde una perspectiva estrictamente económica, todo esfuerzo que implique aportes y réditos que superen a los costos implícitos y explícitos, se encontrará justificado. Más allá, un “análisis marginalista” nos sugeriría que cada esfuerzo adicional o marginal en la defensa de nuestros sectores y empresas tendrá sentido en la medida que el aporte marginal supere al costo marginal de dicho “proyecto”, justo hasta el punto en el cual el beneficio derivado del último esfuerzo y/o recurso marginal invertido se iguale a su costo marginal (se maximizaría la utilidad y/o riqueza producto del esfuerzo desplegado).

Dicho esto definamos el entorno al cual se enfrentan en Venezuela. El marco institucional doméstico no sólo es incierto en algunos casos, sino claramente hostil en otros casos en contra de la propiedad y la actividad privada. ¿Pero es así siempre, en todos los ámbitos, y para siempre? Para responder esta pregunta permítanme presentar algunas hipótesis respecto a los objetivos del régimen actual. Reduzcamos al ámbito de nuestro análisis a lo “económico” y al “poder”. En este sentido, ¿Constituye el poder y la economía objetivos por sí mismos o  por el contrario instrumentos para la actual gestión de gobierno? Una respuesta plausible puede ser que para nadie tanto el poder como lo “económico” pueden constituir un fin en sí mismo, sino instrumentos útiles, eventualmente eficientes y/o indirectos para alcanzar otros objetivos o valores para ciertos seres humanos (tampoco negamos que el poder y lo “económico” puedan constituir un objetivo en sí mismos para ciertas personas, siendo que gustos y preferencias pueden ser muy amplias y diversas).

La evidencia podría ayudarnos a contrastar, en un principio y más allá de si constituyen un objetivo o un instrumento, cuál de estos -el poder y lo “económico”- parece gozar de prioridad o primacía para la actual gestión de gobierno.

La evidencia podría parecer asomar que existe prioridad del “poder” sobre lo “económico”, con explicaciones alternativas -más allá que las consecuencias pudieran resultar idénticas-. Una primera explicación podría basarse en la creencia que el poder constituye un objetivo por sí mismo, aún cuando su argumento resultaría un tanto tautológico o circular. Una segunda explicación podría consistir en que el poder es un instrumento más que un objetivo, que permite apuntar a alcanzar diversos objetivos, entre otros, económicos o que permitirían impunidad a lo largo del tiempo.

Respecto a lo “económico”, habría que distinguir entre la economía nacional y el interés económico particular de quienes gobiernan. En el primer caso, el desempeño económico del país no parece acompañar una hipótesis de que la economía del país -su salud, solidez y crecimiento- podría constituir un objetivo per se para la actual gestión de gobierno -tenemos ocho años de contracción económica ininterrumpida-. Esta realidad contrasta con aquellos analistas económicos que aseguran que un país sin riqueza no le funcionaría al gobierno. Sin embargo, dichos analistas no valoran una posibilidad argumentativa que imprime racionalidad a dicha situación económica (nuestro segundo caso, que parte de la hipótesis que la economía si podría constituir, por un lado un objetivo y por el otro lado un instrumento, como pasaremos a explicar a continuación). 

Por un lado (caso de lo “económico” como “objetivo”), una gestión de gobierno interesada en su economía y sacar provecho económico del poder no tiene por qué significar que tengan por objetivo a la economía nacional, sino que con el simple hecho que ellos saquen ventajas económicas, el promedio de la economía puede ir mal -especialmente producto de conductas expoliadoras-. Por el otro lado (caso de lo “económico” como instrumento), aun cuando pueda parecer rebuscada la argumentación para algunos, el empobrecimiento de la población desdibuja, disminuye y/o destruye la “autonomía del ciudadano”, quien en adelante resulta vulnerable ante el poder. Esta hipótesis -ceteris paribus, es decir obviando crisis en el sector petrolero e incompetencia gubernamental- por perversa que luzca, asomaría una realidad y apuntaría a una evidencia parecida a la transitada por el país.

Aún cuando el gobierno con sus políticas públicas y su marco normativo y regulatorio condiciona las reglas del juego, afecta derechos de propiedad y la rentabilidad de los negocios, y en este sentido los incentivos a desarrollar o continuar operaciones económicas; la eficiencia de los mercados “individualmente” puede constituir un argumento en defensa de ciertos sectores económicos que no tiene por qué, a priori, amenazar objetivos o instrumentos para el régimen -incluso asumiendo la peor de las hipótesis anteriormente mencionadas-.

En la medida que el buen funcionamiento de un mercado no atente contra objetivos e instrumentos del régimen -imaginemos una situación de mejora paretiana, donde todos los stakeholders, incluyendo el gobierno vía impositiva, ganan del funcionamiento eficiente de un mercado- parece plausible pensar que los esfuerzos empresariales, particulares y gremiales cuentan con la posibilidad de coadyuvar a resolver barreras administrativas y a levantar trabas legales que limitan el sostenimiento, desarrollo o introducción de nuevos productos y mercados.

Por parte del régimen, eventuales muestras de lo anterior, podrían constituirlo ciertos anuncios como los referidos a la privatización de empresas en manos del Estado -en franco reconocimiento del fracaso del Estado empresario- e incluso hacerse la vista gorda ante soluciones privadas a problemas económicos generalizados -como podría ser la dolarización transaccional de facto-.

Finalmente, nuestra reflexión pretende hacer ver que racionalmente aún ante escenarios terriblemente adversos, se justifica seguir atendiendo las actividades, mercados y clientes, no basado en argumento deontológico alguno, sino en consecuencialismo puro y duro. Aún restringidos por la concepción de sociedad, de país y del poder que posee la actual gestión de gobierno, pueden existir numerosas situación donde el interés público y el de los privados -incluyendo especialmente al régimen- pueden encontrarse perfectamente alineados y compatibilizados. Más allá, suelen ser los sectores productivos, sus empresarios y los gremios empresariales los actores que mejor conocen sus mercados y las características idiosincráticas de los mismos como para explicarle al régimen y hacerle ver que la situación o caso en cuestión -se trate del levantamiento de una barrera administrativa o la petición de corrección de una distorsión en el mercado- se trata de uno donde todos ganan.

 

(*) Economista UCV. Master in Competition and Market Regulation, Universidad Pompeu Fabra. Maestría en Economía Industrial, Universidad Carlos III de Madrid. Postgraduate Diploma in Economics for Competition Law, Kings College London. Maestría en Derecho y Economía, Universidad Torcuato Di Tella. Especialización en Economía de los Sectores Telecomunicaciones, Energía, Farmacéutico, Transporte, Agua y Banca, Universidad Pompeu Fabra y Universidad Carlos III de Madrid.

Sunday, November 29, 2020

América Latina y el Caribe: Prudente con las finanzas personales, preocupada por el futuro, y más digital que nunca

Estudio del consumidor post-pandemia realizado en América Latina y el Caribe, muestra una región prudente con las finanzas personales, preocupada por el futuro, y más digital que nunca.


● Los resultados se presentaron en el marco del 2020 Mastercard LAC Innovation Forum (18 - 19 de noviembre)

● El informe demuestra la migración de los consumidores a canales financieros digitales en el sector latinoamericano, el auge del e-commerce y la reducción del uso del efectivo en el marco del COVID-19.

Miami, FL - Noviembre 2020 - Una encuesta realizada por Mastercard y Americas Market Intelligence (AMI) en 13 países de la región de América Latina y el Caribe muestra los cambios de hábito de los consumidores, el aumento de los servicios financieros y cómo las compañías deberán adaptarse en este nuevo ecosistema digital generado por la pandemia. 

El estudio se presentó durante la novena edición del 2020 Mastercard LAC Innovation Forum ( 18 - 19 de noviembre), el evento anual de Mastercard para compartir la visión de líderes y expertos de la industria de la tecnología y los medios de pago, que en esta ocasión se enfocará en re-energizar un camino exitoso al futuro en la era post COVID-19. 

El informe revela que la pandemia y el distanciamiento social catapultaron la inclusión digital y financiera en Latinoamérica y el Caribe y la convirtieron en una prioridad. Según los datos, más de 40 millones de personas se bancarizaron en los últimos meses y para fin de año, AMI estima que 50 millones de usuarios habrán comprado online por primera vez.  

COVID-19 forzó a los latinoamericanos oriundos de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Puerto Rico y Jamaica a reconsiderar su relación con los bancos y la tecnología. El 46% de los encuestados considera ahorrar dinero y otro 46% ya realiza el pago de las cuentas de manera online, mostrando así su interés por tener una mentalidad de ahorro a largo plazo. 

“América Latina se encuentra en un momento de adopción tecnológica trascendental, donde las opciones de pagos seguros y sin interrupciones se han vuelto una prioridad”, comentó Walter Pimenta, Vicepresidente Senior de Soluciones Digitales para Mastercard Latinoamérica y el Caribe. “Mastercard es un aliado estratégico en la digitalización y la transición de pagos sin contacto y nos sentimos orgullosos de poder contribuir con su adopción, ofreciendo servicios de altura que se adapten a las nuevas realidades del consumidor”.

El auge del e-commerce en el medio de la pandemia 

El informe muestra como el e-commerce se convirtió en la única manera de comprar y los bancos online, la manera más fácil de manejar el dinero, reemplazando así, el efectivo considerado como “sucio” y peligroso. Según los resultados obtenidos, el confinamiento hizo que el e-commerce se haya casi duplicado: antes de COVID-19 tenía un 45% de penetración y en los últimos meses alcanzó a un 83%. 

En efecto, las transacciones comerciales electrónicas se convirtieron en el único medio para adquirir bienes físicos, realizar interacciones sociales y de entretenimiento. Esto se refleja claramente en los datos de los compradores: 

 El 59% de los encuestados reportaron aumentar sus gastos en e-commerce durante la pandemia, y un 17% de ellos realizaron compras por primera vez.

● Las compras existentes online aumentaron considerablemente siendo Chile (57%), Puerto Rico (48%), Perú y Argentina (44%), Colombia y México (42%), Brasil (41%), los países en obtener los mayores incrementos de compras durante la pandemia.

● Compras online fueron realizadas por primera vez siendo Panamá (16%), Guatemala (13%), Ecuador (12%), Perú y Jamaica (10%), los mercados en presenciar estos nuevos comportamientos de compra.

Por otro lado, los consumidores mostraron un fuerte deseo de reducir gastos, evitar endeudarse, administrar sus finanzas de manera conservadora y desarrollar una mentalidad a largo plazo con respecto a sus finanzas. 

 46% de los encuestados indicaron que estarán enfocados en ahorrar dinero.

● 44% valora sus planes futuros más que antes de la pandemia.

● 40% valora más sus ahorros y sus finanzas en general.



Disminución de los pagos en efectivo 

En cuanto al uso del efectivo, disminuyó ampliamente en cada mercado por el aumento del e-commerce, la disponibilidad de alternativas como el uso de tarjeta, los pagos sin contacto, y el distanciamiento social. El estudio revela que:

● 62% de los consumidores reporta utilizar menos efectivo por COVID-19 y un 40% de ellos lo redujo en al menos un 20%.

● Los países con mayor impacto son Chile (67%), Jamaica (71%), Perú (68%), Puerto Rico (65%) y Costa Rica (64%).

Los métodos de pagos también recibieron incidencias y su uso se resume de la siguiente forma:

● 41% indica que han utilizado la tarjeta de crédito más frecuentemente (del 45% que reportó tener una tarjeta de crédito), comparado con el 33% que eligió efectivo. 

● 21% prefiere realizar sus compras con tarjeta de débito.

● Países como Chile (60%), Costa Rica y Perú (57%), Panamá (52%), Guatemala (47%), República Dominicana (43%) prefieren utilizar tarjetas de crédito al hacer pagos en tienda.

Los nuevos hábitos de compra dieron lugar a que la tecnología sin contacto se incrementara. Los consumidores se preocuparon por conocer y apoyarse de los beneficios de la tecnología y su adaptación se resume de la siguiente forma:

● 40% de los consumidores posee una tarjeta débito contactless 

● 29% posee una tarjeta de crédito contactless. 

● 12% solicitaron una tarjeta contactless por primera vez



Fuente: Comunicado de mastercard.com.

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Acerca de Mastercard (NYSE: MA)

Mastercard es una empresa de tecnología en la industria global de pagos. Nuestra misión es conectar e impulsar una economía digital inclusiva que beneficie a todos, en todas partes, haciendo que las transacciones sean seguras, sencillas, inteligentes y accesibles. Utilizando datos y redes protegidas, alianzas y pasión, nuestras innovaciones y soluciones ayudan a individuos, instituciones financieras, gobiernos y empresas a alcanzar su mayor potencial. Nuestro coeficiente de decencia impulsa nuestra cultura y todo lo que hacemos dentro y fuera de nuestra empresa. Con conexiones a lo largo de más de 210 países y territorios, estamos construyendo un mundo sostenible que abre a posibilidades que no tienen precio para todos.

Acerca de Americas Market Intelligence (AMI)

Americas Market Intelligence (AMI) es la principal consultora de inteligencia de mercado y estrategia para América Latina, que proporciona información de investigación poderosa para que las empresas tengan éxito en una amplia gama de verticales en la región.


Friday, November 20, 2020

Teletrabajo no es opción para pobres, jóvenes y mujeres

Una nueva investigación del Fondo Monetario Internacional revela las dificultades a las que se enfrentan millones de trabajadores por el coronavirus. El estudio revela amplias diferencias entre países, incluso si se tienen las mismas ocupaciones. El trabajo a distancia en Noruega y Singapur es más fácil que en Turquía, Chile, México, Ecuador y Perú, ya que en más de la mitad de los hogares de los países emergentes y en desarrollo no hay una computadora en casa.


Ante la masiva pérdida de empleos causada por la pandemia de la COVID-19 tres expertas del Fondo Monetario Internacional, Mariya Brussevich, Era Dabla-Norris y Salma Khalid analizan este artículo* cómo la crisis sanitaria afecta a los mercados laborales de los países más pobres y a los trabajos de los jóvenes y las mujeres:

La pandemia de COVID-19 está devastando los mercados laborales de todo el mundo. Decenas de miles de trabajadores han perdido sus empleos, millones de personas se han quedado fuera de la fuerza laboral y muchas ocupaciones enfrentan un futuro incierto. Las medidas de distanciamiento social ponen en peligro los empleos que exigen presencia física en el lugar de trabajo o interacciones personales. Quienes no pueden trabajar a distancia, a menos que se consideren esenciales, se enfrentan a un riego significativamente más alto de sufrir reducciones en las horas trabajadas o en las remuneraciones, suspensiones temporales de personal o despidos permanentes. ¿Qué tipos de empleos y trabajadores presentan un mayor riesgo? No sorprende que los costos hayan recaído fundamentalmente sobre quienes tienen menos capacidad para soportarlos: los pobres y los jóvenes en los empleos menos remunerados.

En un nuevo trabajo, hemos investigado la viabilidad de trabajar desde casa en una amplia muestra de economías avanzadas y de mercados emergentes. Estimamos que cerca de 100 millones de trabajadores de 35 países avanzados y emergentes (de los 189 países miembros del FMI) podrían presentar un riesgo alto debido a que no pueden realizar sus trabajos a distancia. Esto equivale, en promedio, al 15% de su fuerza laboral. Aunque existen importantes diferencias entre países y trabajadores.

La naturaleza de los empleos en cada país

La mayoría de los estudios que miden la viabilidad del trabajo desde casa adoptan definiciones sobre empleo utilizadas en Estados Unidos. Sin embargo, las mismas ocupaciones en otros países pueden diferir en las interacciones personales necesarias, la intensidad tecnológica del proceso de producción e, incluso, el acceso a las infraestructuras digitales. Para incorporar este hecho, el índice de viabilidad del trabajo desde casa que hemos construido utiliza las tareas que realmente se realizan dentro de cada país, de acuerdo con las encuestas recopiladas por la OCDE sobre 35 países.

Observamos importantes diferencias entre países, incluso dentro de las mismas ocupaciones. Resulta mucho más fácil el trabajo a distancia en Noruega y Singapur que en Turquía, Chile, México, Ecuador y Perú, sencillamente porque más de la mitad de los hogares de los países emergentes y en desarrollo ni siquiera tienen una computadora en casa.

¿Quiénes son los más vulnerables?

En general, los trabajadores del sector de alimentos y hostelería, así como del comercio minorista y mayorista, son los más afectados debido a que sus trabajos son los que menos posibilidad de trabajo a distancia tienen. Esto significa que más de 20 millones de personas de nuestra muestra que trabajan en estos sectores presentan el riesgo más alto de perder sus empleos. Aunque algunos son todavía más vulnerables que otros:

La posibilidad de trabajar a distancia de los trabajadores jóvenes y de quienes no tienen educación universitaria es significativamente menor. Este riesgo más alto se corresponde con los perfiles de edad de los trabajadores en los sectores más afectados por el confinamiento y las políticas de distanciamiento social. Es preocupante observar que la crisis podría ampliar la desigualdad intergeneracional .

Las mujeres podrían verse especialmente afectadas, amenazando con revertir algunos de los avances en materia de igualdad de género realizados en las últimas décadas. Esto se debe a que las mujeres se concentran de manera desproporcionada en los sectores más afectados, como son los servicios de alimentos y hostelería. Además, las mujeres realizan más tareas relacionadas con el cuidado de los hijos y las labores domésticas , mientras que la provisión por parte del mercado de estos servicios se ha interrumpido.

Los trabajadores a tiempo parcial y los empleados de pequeñas y medianas empresas se enfrentan a un riesgo mayor de pérdida de empleo. Los trabajadores en empleos a tiempo parcial suelen ser los primeros en perder sus trabajos cuando se deterioran las condiciones económicas y los últimos en ser contratados cuando estas mejoran. También tienen menos probabilidades de tener acceso a asistencia sanitaria y a canales formales de seguros que puedan ayudarlos a capear la crisis. En las economías en desarrollo, en particular, los trabajadores a tiempo parcial y los que tienen empleos informales afrontan un riesgo mucho mayor de caer en la pobreza.

El impacto sobre los trabajadores con bajos ingresos y empleos precarios podría ser especialmente grave, ampliando las desigualdades ya existentes en las sociedades. Nuestros resultados, que indican que los trabajadores en la parte más baja de la distribución de ingresos tienen menos capacidad para trabajar a distancia, están corroborados por los recientes datos de desempleo de Estados Unidos y otros países. La crisis de la COVID-19 aumentará la desigualdad de ingresos.

Este efecto se ve agravado por el hecho de que los trabajadores que se encuentran en la parte más baja de la distribución de ingresos se concentran de manera desproporcionada en los sectores más afectados, como los servicios de alimentos y hostelería, que son los menos susceptibles al trabajo a distancia. Los trabajadores con bajos ingresos también tienen una mayor probabilidad de vivir al día y tener pocas reservas financieras, como son los ahorros y el acceso al crédito.

¿Cómo proteger a los más vulnerables?

La pandemia cambiará con toda probabilidad la manera en que se realiza el trabajo en muchos sectores. Los consumidores pueden recurrir más al comercio electrónico, en detrimento de los empleos del comercio minorista, y pueden pedir más comida para llevar, reduciendo el mercado laboral para los trabajadores de restaurantes.

¿Qué pueden hacer los gobiernos? Pueden centrarse en ayudar a los trabajadores más afectados y a sus familias mediante la ampliación de las redes de protección social y seguros sociales para amortiguar la pérdida de empleo y de ingresos. Los subsidios salariales y los programas de obras públicas pueden contribuir a que recuperen sus medios de vida durante la recuperación.

Para reducir la desigualdad y ofrecer a las personas mejores perspectivas, los gobiernos deben fortalecer la educación y la capacitación y preparar mejor a los trabajadores para los empleos del futuro. El aprendizaje permanente también implica reforzar el acceso a la escolarización y a la capacitación profesional para ayudar a los trabajadores desplazados por shocks económicos como la COVID-19.

Esta crisis ha demostrado con claridad que tener acceso a Internet es un elemento fundamental de la capacidad de las personas para continuar su participación en el lugar de trabajo. Invertir en infraestructuras digitales y cerrar la brecha digital también permitirá que los grupos desfavorecidos participen de manera importante en la economía del futuro.


Fuente: news.un.org (Este artículo se publicó originalmente en el blog Diálogo a Fondo del Fondo Monetario Internacional).

Foto de cabecera: Una mujer en su casa y tienda en Buga, Colombia, donde trabaja por temporadas para la alianza de productores de maracuyá (Banco Mundial/Charlotte Kesl).

Sunday, October 11, 2020

Recuperación y transformación hacia economías sustentables y sociedades inclusivas requiere de mantener y profundizar las políticas macroeconómicas activas

CEPAL lanzó su informe anual Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2020, en el cual reafirma que la cooperación internacional, a través de una mejor distribución de la liquidez global, debe apoyar la expansión del espacio de políticas en la región.

Para la recuperación y la transformación económica y social tras la crisis desatada por la pandemia del coronavirus, será esencial mantener y profundizar las políticas macroeconómicas activas, indicó hoy la CEPAL en su informe "Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2020. Principales condicionantes de las políticas fiscal y monetaria en la era pospandemia de COVID-19", dado a conocer por su Secretaria Ejecutiva, Alicia Bárcena, en una conferencia de prensa virtual.

El informe, uno de los principales reportes anuales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, presenta en esta nueva edición un análisis de los efectos económicos provocados por la pandemia en cada país de la región, y entrega recomendaciones de políticas para enfrentarlos, sobre todo en materia fiscal y monetaria, junto con resaltar la importancia de la cooperación internacional.



“La pandemia del COVID-19 está teniendo impactos negativos históricos en lo económico, productivo y social, con secuelas y efectos a mediano plazo sobre el crecimiento, aumentos en la desigualdad, pobreza y desempleo. Por ello, el proceso de recuperación de  la actividad económica (PIB) a sus niveles precrisis será más lento que lo observado en la crisis subprime (de 2007-2008)”, indicó Alicia Bárcena al dar a conocer el documento.

Según el informe, América Latina y el Caribe está viviendo su peor crisis económica en un siglo, con una contracción estimada de su producto interno bruto (PIB) regional de -9,1%. Debido a esto, a fines del 2020 el nivel de PIB per cápita sería igual al de 2010, es decir, habría un retroceso de 10 años con un fuerte aumento en la desigualdad y la pobreza.

Se prevé además el cierre de 2,7 millones de empresas formales en 2020, mientras que el desempleo alcanzaría a 44 millones de personas (con un incremento de 18 millones de personas respecto al nivel de 2019, el mayor aumento desde la crisis financiera global).

Además, la pobreza llegaría a los mismos niveles observados en 2005, es decir, marcaría un retroceso de 15 años, alcanzando a 231 millones de personas, mientras que la pobreza extrema llegaría a los niveles de 1990, lo que implica un retroceso de 30 años, alcanzando a 96 millones de personas.

“En este escenario, serán necesarias políticas macroeconómicas activas para retomar el crecimiento y promover una agenda de transformación estructural. Hay que fortalecer los ingresos públicos, mantener las políticas monetarias expansivas convencionales y no convencionales, y fortalecer la macro regulación prudencial junto a la regulación de los flujos de capitales para preservar la estabilidad macrofinanciera en el corto y mediano plazo. Aquí la cooperación internacional es fundamental para ampliar el espacio de las políticas macroeconómicas”, explicó la máxima autoridad de la CEPAL.

En materia de política fiscal, el Estudio Económico 2020 indica que los países han realizado diversos esfuerzos fiscales pata mitigar los efectos de la pandemia, que en promedio suman el 4,1% del PIB, acompañados de garantías estatales de crédito de hasta 10% del PIB. Estos esfuerzos fiscales, además de las caídas en los ingresos públicos, han contribuido a un mayor déficit fiscal y aumentos de la deuda pública.

En este sentido, el documento indica que el desafío es mantener una política fiscal activa en un contexto de mayor endeudamiento.  Para ello se requiere una política fiscal activa en un marco de sostenibilidad fiscal centrado en los ingresos. Es necesario que América Latina y el Caribe aumente su recaudación tributaria, que actualmente es de 23,1% del PIB en promedio para los gobiernos generales de la región, comparado con el 34,3% de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Para esto se debe combatir la evasión y elusión tributaria, que llega al 6,1% del PIB regional, consolidar el impuesto a la renta a personas físicas y corporaciones, extender el alcance de los impuestos sobre el patrimonio y la propiedad, establecer impuestos a la economía digital y correctivos, como los ambientales y relacionados a la salud pública.

“La política fiscal activa debe vincular el corto (de emergencia) con el mediano y largo plazo, para cambiar el modelo de desarrollo hacia la transformación productiva con sostenibilidad e igualdad”, señaló Alicia Bárcena. “Los países deben orientar el gasto público hacia la reactivación y transformación económica fortaleciendo la inversión pública hacia sectores que fomenten el empleo, la paridad de género, la inclusión social, la transformación productiva y una transición igualitaria hacia la sostenibilidad ambiental”, agregó.

Para expandir el espacio de políticas la CEPAL considera distribuir mejor la liquidez global a través de la cooperación internacional. En este campo se debe capitalizar las instituciones de crédito multilaterales para ampliar su capacidad de financiamiento y liquidez tanto en la coyuntura como con una mirada más larga. También institucionalizar la cooperación entre los bancos centrales para sostener tanto las políticas monetarias expansivas como aquellas dedicadas a la preservación de la estabilidad macrofinanciera, junto con ampliar la red de seguridad financiera mundial y regional para contrarrestar los efectos negativos de la volatilidad de los flujos financieros en momentos de crisis sistémicas.

En este ámbito, la iniciativa Fondo para Aliviar la Economía COVID-19 (Fund to Alleviate COVID-19 Economics - FACE), presentada por el Gobierno de Costa Rica recientemente, es un ejemplo de mecanismo de cooperación internacional para mejorar la distribución de la liquidez global hacia los países en desarrollo.

El informe también resalta que el alivio y restructuración de la deuda para países con vulnerabilidades y alta carga de pagos de intereses es necesario para expandir espacio de políticas. Actualmente, los países de renta media concentran el 96% del total de la deuda de los países en desarrollo (excluyendo a China e India), por lo que es urgente que la comunidad financiera internacional amplíe las condiciones de liquidez para hacer frente a las necesidades de financiamiento a escala mundial.

“Aliviar el pago de intereses de la deuda aumentaría la disponibilidad de recursos para el desarrollo”, declaró Alicia Bárcena. “En este ámbito, existe una imperiosa necesidad del alivio de la deuda del Caribe. La CEPAL ha abogado por el apoyo financiero para que las economías vulnerables del Caribe puedan generar resiliencia a través de una iniciativa para reducir su deuda y la creación de un Fondo Caribeño de Resiliencia”, destacó.

Fuente: Comunicado CEPAL.

Sunday, July 19, 2020

Informe de la ONU: Tecnológicas y redes sociales se lucran a costa de información errónea y discriminación

Desde algoritmos de reconocimiento facial que fallan más con afrodescendientes y asiáticos hasta permitir que gente rica financie plataformas para defender la ideología supremacista, pasando por los bots que interfieren en elecciones y asuntos políticos, el actual modelo comercial de las redes sociales más populares se beneficia activamente de la información falsa, el racismo(1) y la intolerancia para hacer negocio, denuncia una experta independiente de la ONU.

Una joven sentada frente a una computadora portátil tapándose la cara con las manos en Podgorica, Montenegro (UNICEF/Dusko Miljanic).


Fuente: news.un.org.

Las tecnologías digitales emergentes impulsadas por macro datos e inteligencia artificial afianzan la desigualdad racial, la discriminación y la intolerancia, asegura el informe de una experta de la ONU en derechos humanos.

Según Tendayi Achiume, relatora especial sobre racismo, incluso cuando los desarrolladores y usuarios de tecnología no pretenden que la tecnología discrimine, a menudo lo hace de todos modos.

"La tecnología no es neutral ni objetiva. Está fundamentalmente conformada por las desigualdades raciales, étnicas, de género y de otro tipo que prevalecen en la sociedad, y típicamente empeora estas desigualdades. Está resultando en discriminación y trato desigual en todas las áreas de la vida, desde la educación y el empleo hasta la atención médica y la justicia penal”.

Según Achiume, el problema no es simplemente el racismo extremista, la xenofobia y la intolerancia y va mucho más allá de eso.

"Las empresas como Facebook tienen modelos económicos y comerciales que significan que se benefician activamente de la información errónea, la discriminación y la intolerancia. Además, muchos gobiernos han adoptado algoritmos que discriminan estructuralmente a los grupos marginados", explicó.

Tecnologías "racistas" (1)

En su informe, la relatora describe varios casos en los que las tecnologías emergentes están promoviendo la discriminación.

Por ejemplo, una revisión de 2019 de 189 algoritmos de reconocimiento facial de 99 desarrolladores de todo el mundo descubrió que "muchos de estos algoritmos tenían de 10 a 100 veces más probabilidades de identificar de manera incorrecta una fotografía de un rostro afrodescendiente o de Asia oriental, en comparación con una blanca". Al buscar en una base de datos para encontrar una cara determinada, la mayoría de ellas eligieron imágenes incorrectas entre mujeres negras a tasas significativamente más altas que entre otras características demográficas.

“Ya no puede haber ninguna duda de que las tecnologías digitales emergentes tienen una capacidad sorprendente para reproducir, reforzar e incluso exacerbar la desigualdad racial dentro y entre las sociedades”, asegura el informe que explica que varios estudios académicos importantes han demostrado concretamente que el diseño y el uso de tecnologías ya están teniendo este efecto preciso en una variedad de contextos.

Tecnologías desarrolladas en un entorno de poca diversidad

Las corporaciones privadas ejercen una influencia monumental en el diseño y uso de las tecnologías digitales emergentes. Entre las plataformas digitales, siete "super plataformas" - Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook, Tencent y Alibaba - representan dos tercios del valor total de mercado de las 70 plataformas más grandes del mundo.

A pesar del alcance global de sus tecnologías digitales emergentes, las corporaciones que ejercen la mayor influencia sobre ellas se concentran predominantemente en Silicon Valley, en los Estados Unidos de América, mientras que la participación de Europa es del 3,6%, la de África del 1,3% y la de América Latina 0,2%.

Por ejemplo, Google tiene el 90% del mercado mundial de búsquedas en Internet. Ocupando dos tercios del mercado global de redes sociales, mientras Facebook es la principal plataforma en más del 90% ciento de las economías mundiales. Amazon tiene una participación de casi el 40T% de la actividad minorista en línea del mundo. Como resultado, los valores culturales, económicos y políticos específicos de Silicon Valley determinan fundamentalmente cuántas de las tecnologías digitales emergentes operan a nivel mundial, incluso en contextos muy alejados de esta pequeña región de América del Norte.

Mientras tanto, los sectores emergentes de tecnología digital, como los de Silicon Valley, se caracterizan por una "crisis de diversidad" en términos de género y raza, especialmente en los niveles más altos de toma de decisiones.

Según un importante estudio de campo, actualmente, los sistemas de inteligencia artificial a gran escala se desarrollan casi exclusivamente en un puñado de empresas de tecnología y un pequeño conjunto de laboratorios universitarios de élite, espacios que en Occidente tienden a ser extremadamente masculinos, blancos, ricos y orientados técnicamente.

Estos también son espacios que tienen un historial de problemas de discriminación, exclusión y acoso sexual ".

El estudio encuentra que "esto es mucho más que una cuestión de uno o dos actores malvados” y señala la existencia de una relación sistemática entre los patrones de exclusión dentro del campo de la inteligencia artificial y la industria que impulsa su producción, por un lado, y los prejuicios que se manifiestan en la lógica y la aplicación de las tecnologías en el otro.

Es probable que la tecnología producida en tales campos excluya desproporcionadamente a las mujeres, las razas, las razas étnicas y otras minorías y reproduzca estas desigualdades cuando se implemente.

Una cuestión de negocio y política

La relatora explica que las fuerzas económicas y de mercado ejercen una poderosa influencia en el diseño y el uso de tecnologías digitales emergentes, que a su vez tienen un efecto transformador en los mercados, incluso en el propio capitalismo.

Por un lado, cierta influencia económica busca intencionalmente promover la discriminación y la intolerancia. Los ejemplos incluyen individuos ricos que financian plataformas en línea que defienden la ideología supremacista. Por otro lado, las fuerzas de mercado más poderosas pueden buscar principalmente resultados rentables de las tecnologías digitales emergentes sin intenciones explícitamente racistas o intolerantes.

Pero la evidencia muestra que los productos rentables pueden producir discriminación racial. Cuando las economías están estructuradas por la desigualdad racial y étnica, como es el caso en todo el mundo, la maximización de las ganancias generalmente será coherente y, en muchos casos, reforzará o agravará la desigualdad racial y étnica.

Los actores que buscan difundir el discurso racista y la incitación a la discriminación y la violencia han confiado en las tecnologías digitales emergentes, con las plataformas de redes sociales desempeñando un papel fundamental.

Achiume ha destacado estas tendencias en informes anteriores sobre grupos neonazis y otros grupos supremacistas blancos que dependen de las plataformas de redes sociales para reclutar, recaudar fondos y coordinarse.

Otro ejemplo destacado del uso explícitamente motivado por los prejuicios de las tecnologías digitales emergentes es el uso de Facebook por grupos budistas nacionalistas radicales y actores militares en Myanmar para exacerbar la discriminación y la violencia contra los musulmanes y la minoría étnica rohingya, en particular.

En 2018, el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, testificó ante el Senado de los Estados Unidos que los sistemas de inteligencia artificial de Facebook no podían detectar el discurso de odio en tales contextos.

Estos no son los únicos casos. También destacó el uso de Facebook para amplificar el contenido discriminatorio e intolerante, incluido el contenido que incita a la violencia contra los grupos minoritarios religiosos y lingüísticos en la India.

Además, los bots de redes sociales (cuentas automatizadas) se han utilizado para cambiar el discurso político y tergiversar la opinión pública.

De un estudio sobre 70 países, los bots se usaron en 50 para campañas de manipulación de redes sociales en 2019. Para los grupos que confían en las tecnologías digitales emergentes como una estrategia para promover la discordia y la intolerancia racial, étnica y religiosa, los bots son fundamentales para su capacidad. difundir discurso racista o desinformación.

Estudiantes de ciencias computacionales en Pakistán (Foto de archivo: Visual News Associates/Banco Mundial).

Un mal uso de los Gobiernos

El informe asegura que los ejemplos de diferentes partes del mundo muestran que el diseño y el uso de diferentes tecnologías digitales emergentes se pueden combinar de manera intencional y no intencional para producir estructuras racialmente discriminatorias que socavan de manera holística o sistemática el disfrute de los derechos humanos para ciertos grupos, debido a su raza, etnia u origen nacional, en combinación con otras características.

China utiliza la identificación biométrica y la vigilancia para rastrear y restringir los movimientos y actividades del grupo minoritario étnico uigur, violando los derechos de los miembros de este grupo a la igualdad y la no discriminación, entre otros. Los uigures experimentan frecuentes detenciones policiales sin fundamento y están sujetos a que sus teléfonos sean escaneados en los puntos de control policial, lo que viola su derecho a la privacidad.

Kenia e India han implementado la identificación biométrica para acceder a los servicios públicos, conocidos como Huduma Namba y Aadhaar, respectivamente. Los programas incluyen la recolección de varias formas de datos biométricos, incluyendo huellas digitales, patrones de retina e iris, patrones de voz y otros identificadores. Al intentar acceder a los servicios públicos a través de estos sistemas, ciertos grupos minoritarios raciales y étnicos en ambos países descubren que están excluidos de ellos, mientras que otros enfrentan barreras logísticas y largos procesos de investigación que, en efecto, pueden resultar en la exclusión de hecho del acceso a los servicios públicos a los que tienen derecho.

Tecnologías con derechos humanos en el centro

La relatora pidió un mayor escrutinio del diseño de la tecnología digital, reparaciones para los afectados por el racismo arraigado y la posible prohibición de algunas tecnologías.

"La muerte de George Floyd y muchos otros han provocado un levantamiento transnacional contra el racismo sistémico en la aplicación de la ley. Parte de la respuesta de derechos humanos debe incluir un mayor escrutinio de cómo el diseño y el uso de las tecnologías digitales están afianzando aún más este racismo sistémico", afirmó Achiume.

Al señalar que la pandemia de COVID-19 ha afectado más a las minorías raciales y étnicas, también advirtió que la tecnología utilizada para combatir la propagación de la enfermedad "es el mismo tipo que se ha utilizado para excluir a estas comunidades del pleno disfrute de sus derechos humanos en el pasado".

"Las obligaciones de los Estados de prevenir y eliminar la discriminación racial en el diseño y uso de estas tecnologías requieren la inclusión de las minorías raciales y étnicas en el proceso de toma de decisiones de la industria de una manera no simbólica. Sus obligaciones también les obligan a ordenar evaluaciones de impacto en los derechos humanos que incluyen énfasis en la igualdad y la no discriminación”, afirmó.

Los Estados también deben proporcionar el espectro completo de reparaciones efectivas para aquellos contra quienes las tecnologías digitales emergentes han discriminado racialmente. Esto incluye la toma de responsabilidad por la discriminación racial y las reparaciones a las personas y comunidades afectadas. Como muestran las recientes medidas para prohibir las tecnologías de reconocimiento facial en algunas partes del mundo, en algunos casos el efecto discriminatorio de las tecnologías digitales requerirá su prohibición total.

El informe incluye otras recomendaciones concretas para implementar protecciones de derechos humanos contra la discriminación racial en el diseño y uso de tecnologías digitales.

Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones de países específicos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.


(1) Recomedamos leer los siguientes textos relacionados con la errónea clasificación de supuestas razas que se le da a ciertos grupos étnicos dentro de la raza humana:
- Raza, concepto en desuso
- Las ilusiones de la "identidad".